A Decir Verdad Espacio de reflexión histórica y política

25Jun/173

Durán Barba, el momento Waldo y el gorila invisible

Por Edgardo Moreno

Ahora que Jaime Durán Barba ha conseguido que Cristina Fernández –nada menos–  
imite su formato de campaña electoral, a hora que la dirigencia política acude a leer con menos prejuicios sus reflexiones sobre la política en el siglo 21, tal vez convenga juzgarlo menos por sus declaraciones y más por sus publicaciones.

El más reciente manual de Durán Barba y Santiago Nieto no es un manual. Porque el gurú ecuatoriano es más que un gurú: es un apasionado por la conversación como estilo y método y cautiva con aquello que él mismo admira en el espíritu científico, la sed de maravillas.

Durán Barba ha recorrido un camino intelectual vasto, en el que recogió especialmente las derivaciones latinoamericanas de la ideología que marcó a su generación. La de Marx, Lenin y Gramsci, adaptada a la realidad regional.

Pero la constatación de la aceleración del cambio en el nuevo siglo es la novedad que presenta con todo el énfasis de un descubrimiento. Porque observa atónito cómo la política todavía la ignora.Que entre 2014 y 2016 la humanidad haya creado tanta información como toda la que pudo acumular desde la Prehistoria hasta 2014 no es un dato que la política esté en condiciones de desconocer sin pagar enormes costos.

Para Durán Barba estamos ante una bisagra histórica, que demanda la misma revolución del conocimiento que desencadenó Cristóbal Colón, quien “no sólo encontró nuevas tierras, sino que produjo un terremoto conceptual cuando descubrió la ignorancia, principio básico de la ciencia”.

A los políticos incapaces de percibir la intensidad de los cambios los compara irónicamente con 
Leo Allatius, el teólogo, astrónomo y custodio de la biblioteca del Vaticano, un monje como el venerable Jorge que imaginó Umberto Eco.

Un siglo después de Copérnico, Allatius sostenía que en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos su santo prepucio, circuncidado cuando niño, se extravió, chocó con Saturno y se convirtió en sus anillos.

Esos políticos actúan como el califa Omar cuando ordenó incendiar la biblioteca de Alejandría: si las ciencias sociales que investigan la política coinciden con su propia doctrina, no sirven para nada porque repiten. Y si disienten, no tiene caso estudiarlas.

El mundo es completamente distinto del que vivimos en nuestra propia infancia, dicen Durán Barba y Nieto. Cuando se extingue un paradigma no se vuelven a discutir sus conceptos porque pierde sentido la polémica sobre su corrección. El oráculo que defienden con apasionamiento son las encuestas y sondeos de opinión pública. Todo allí se explica. Las estadísticas son la llave científica que puede ayudar a resolver el conflicto político.

Ocurre que esta inclinación por los estudios de opinión pública choca con una tendencia sobre la cual alertó William Davies, en un artículo publicado por el diario inglés The Guardian , a principios de este año.

La declinación de la autoridad de las estadísticas y de los expertos que las analizan está en el corazón de lo que se ha dado en llamar la posverdad”, afirmó Davies. Las estadísticas modernas nacieron con las democracias modernas. Con William Petty y John Graunt, tras la rebelión inglesa de Oliver Cromwell. Y con la obsesión por la medida de los jacobinos franceses. En esa obsesión se jugaba la idea de un gobierno centralizado y una sociedad igualitaria.

Davies señala que los esfuerzos para representar los cambios sociales en términos simples y con indicadores reconocibles están perdiendo legitimidad. Porque en el nuevo mundo –el mismo del Big Data que deslumbra a Durán Barba– los datos son capturados primero y las preguntas para investigar llegan después. Es un paso más allá de las encuestas que analizaba en sus orígenes el PRO, donde cada porteño era una cruz de multiple choice , fileteada a la vuelta del Obelisco.

Durán Barba profesa su fe política en los siguientes términos: “La democracia funciona cuando reemplazamos las verdades eternas con hipótesis que están siempre expuestas al escrutinio y a la posibilidad de ser desbaratadas cuando contradicen la realidad”.

¿Qué ocurre cuando esos cambios en los estados de opinión se aceleran hasta el vértigo? ¿Es suficiente con el deslumbramiento y la casuística electoral? ¿O conviene pensar nuevas teorías de la representación y la democracia?

Durán Barba no ensaya una respuesta. Dice que la gente es pragmática y no se interesa en teorías. Recomienda escribir programas escuetos. Que son necesarios para gobernar, no para mostrarlos en campaña. Porque los nuevos electores no se despolitizaron. Nunca estuvieron politizados.

En ese discurso navegaba la Argentina en la década de 1990 cuando la sorprendió la narración ideológica del kirchnerismo.

Para explicar los comportamientos grupales, Durán Barba alude al experimento del “gorila invisible”, de Christopher Chabris y Daniel Simons, dos psicólogos de Harvard. Ellos seleccionaron voluntarios para que viesen un juego de básquet en un video. Les pidieron que cuenten con precisión los pases de unos a otros, en cada equipo. Y filtraron con disimulo en el video una persona disfrazada de gorila. Concentrados en el recuento, la mayoría de los voluntarios no se percataron del gorila.

Durán Barba reclama la máxima atención a las encuestas. Pero la falta de desarrollo teórico es el gorila que aparece y no se alcanza a ver.

En la serie de televisión inglesa El espejo negro , los guionistas imaginan un futuro distópico, donde la tecnología arruina aquello que ya estaba peor.

En uno de sus episodios, aparece un personaje virtual, un dibujo animado, un oso azul. Se llama Waldo y es agresivo y procaz. Waldo no sólo tiene su propio show de televisión. Conecta con lo popular en las encuestas y los productores lo proponen como candidato: “No necesitamos a los políticos. Todos tenemos smartphones . Cualquier decisión que haya que tomar, la ponemos on line . Dejemos que la gente vote. Pulgares arriba, pulgares abajo. Eso es una verdadera democracia”. Waldo hace campaña desde una pantalla gigante montada en un camión. 
Le aparece de improviso al candidato oficialista, cada vez que sale a la calle a intentar un timbreo. Es la política en “el momento Waldo”.

Como concluye Davies, la batalla de largo plazo no será entre una política de hechos dirigida por élites y una política populista de sentimientos. “Sino entre aquellos que todavía están comprometidos con el conocimiento y la argumentación pública, y aquellos que sacan provecho de su continua desintegración”.

Fuente: La Voz del Interior

14Jun/173

MESTRE Y LA MAFIA SINDICAL

Por Prudencio Bustos Argañarás

La patética inoperancia del gobernador Schiaretti, el vice Llaryora y el intendente Mestre en el conflicto que mantuvo a la ciudad de Córdoba en manos de los dirigentes de la UTA, apoyados por los del Surrbac, ha pasado a ser uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente.

El gobernador no creyó necesario interrumpir sus vacaciones de otoño en Brasil y dejó la provincia en manos de Llaryora, cuya única acción fue promover una ridícula denuncia contra los tuiteros que subieron memes a las redes sociales. La tardía reacción de Schiaretti impulsando una ley para reglamentar el derecho de huelga en los servicios públicos muestra un retraso de casi treinta años. En 1989 presenté un proyecto en tal sentido en el Senado, que radicales y peronistas se negaron a tratar, y hoy la reacción de los aliados del gobernador en la Legislatura anticipa nuevas dificultades para su aprobación.

Mestre, por su parte, intentó sustituir la falta de ómnibus mediante un sistema alternativos de taxis colectivos que resultó un grotesco fracaso. En definitiva, los cordobeses debimos padecer más de una semana privados del transporte público de pasajeros, con la ciudad tomada por asalto y sumida en el caos, y un estado ausente e impotente que no supo cumplir con su deber más elemental, que es mantener el orden y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

También exhibió su incompetencia el Ministerio Público, mientras que el Poder Legislativo desnudó un retraso que se mide en décadas, como lo expliqué en una nota publicada en la versión digital de La Voz del Interior (http://www.lavoz.com.ar/opinion/el-estado-ausente-en-el-caos-gremial-de-los-choferes).

Pero en el caso del intendente subyacen algunas situaciones poco claras con los gremios en conflicto, que resulta necesario analizar. La relación de Mestre con los dirigentes locales de la UTA es decididamente mala. Los gremialistas lo acusan de ser el verdadero dueño de la empresa Ersa, que pertenecía al ex gobernador de Corrientes, Raul Tato Romero Feris, condenado a prisión por actos de corrupción en 1999 y acusado luego por vinculaciones con el narcotráfico. Afirman que Romero Feris trabó relación con el entonces interventor de Corrientes, Ramón Bautista Mestre, padre del intendente, que las  mantuvo.

Ersa, que fue favorecida en las adjudicaciones del transporte público de pasajeros de la ciudad, tiene además un acuerdo de cooperación con Autobuses Santa Fe (hoy Aucor), con lo que logró ocupar una posición dominante con el manejo de seis de los ocho corredores, lo que equivale al 75% del sistema. El ceo de Autobuses Santa Fe es Alejandro Rossi, hermano de Agustín Rossi, exministro de Defensa de Cristina Fernández

El concejal Esteban Dómina denunció serias irregularidades en la licitación, acusando a Mestre de haberlo hecho de “modo discrecional”, ”alterando  las reglas de juego”, con un resultado que contraría la intención original del sistema, que era evitar la concentración del servicio en una sola compañía. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, por su parte, promovió acción penal contra Mestre y Ersa en setiembre de 2014, por defraudación calificada a la administración, mediante desvíos de subsidios de la Nación realizados desde agosto de 2013 hasta marzo de 2014, en que cesaron a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que confirmó la existencia de la operación fraudulenta.

Estos negocios turbios son mencionados por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, en una entrevista con dirigentes de UTA, cuya grabación ha circulado por las redes, pero ningún fiscal ha convocado hasta hoy a Sereno para tomarle declaración.

También en la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, barrido y limpieza de calzadas y la recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, hay sospechas de la existencia de situaciones irregulares, por cuanto la empresa Lusa (Logística Urbana S.A.), que desde 2012 presta en Córdoba dichos servicios, forma parte del Grupo Ersa. Pero a diferencia del caso anterior, la relación de Mestre con la dirigencia del Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba) era bastante más que cordial hasta estos últimos días.

El Surrbac mantiene un fuerte enfrentamiento con el sindicato de camioneros de Hugo Moyano desde el año 2012, en que este se distanció del kirchnerismo. Amparados por el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, los recolectores lograron en tiempo record la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud para crear su propia obra social, llamada Ossurrbac, pero en noviembre último el fiscal ante la Justicia federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, hizo lugar a una cautelar pedida por Moyano, quien los acusó de falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita, delitos que investiga un juzgado Criminal y Correccional Federal.

Julio Mauricio Saillen, secretario general del Surrbac, activo militante del kirchnerismo y protagonista en las bochornosas jornadas que padecimos, adquirió una importante cuota de poder gracias a la presidente Cristina Fernández y logró que su hijo veinteañero, Franco Gabriel, fuera elegido legislador provincial, presidente de la Juventud Sindical Peronista y vocal de la comisión directiva del Surrbac.

Pascual Vicente Catrambone, secretario de Ramas y del Interior de dicho sindicato, es miembro del director de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), creada por Giacomino en 2010, y de Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba S.A.), inventada por Mestre en 2012.

El 24 de julio de 2014, Catrambone firmó como miembro del Surrbac un convenio con Crese, de la cual era director (ver Resolución N° 1655/2014 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Expediente Nº 393.272/14). Es decir, un contrato consigo mismo. Curiosamente, en la página web de Cormecor (http://www.cormecor.com/), Catrambone aparece como Pascual Vicente, sin su apellido.

Esta dualidad funcional de Catrambone no se detuvo allí. El 22 de junio  de 2016 un exempleado de Crese llamado Pablo Carrasco, lo denunció por negocios incompatibles con la función pública, al actuar como contratante y como proveedor, a través de terceros. El 30 de mayo de 2011 se constituyó la empresa Krates Constructora SA, cuyo presidente era Agustín Catrambone, hijo de Pascual y vocal del Surrbac al igual que su hermano Miguel Ángel, en sociedad con Omar Portillo (ver Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2011). En 2014 Pablo Luis Oviedo, allegado a la familia Catrambone, reemplazó a Agustín en la empresa. Krates, que nunca tuvo empleados pero sí doce vehículos (entre ellos, un Audi Coupé 3.2), se quedó en mayo de 2015 con un contrato que rescindió la empresa Federico S.A. con Crese, a sólo tres meses de iniciado, para mover tierra desde el enterramiento de Piedras Blancas hasta el de Potrero del Estado.

El 13 de mayo de 2013 Agustín Catrambone creó otra empresa llamada Higyse SA, junto con Mauricio Boñanni, (ver Boletín Oficial del 17 de junio de 2013), que les vende a Crese, Lusa y Cotreco guantes, antiparras y delantales, y al Esop bolsas y otros elementos, por valores millonarios. Según la denuncia, Pascual Catrambone direccionaba las compras en favor de la empresa de su hijo desde el directorio de Crese. Afirma el denunciante que “obligaba a los empleados a pedir listas de precios a otras firmas y después hacía cotizar a Higyse” conociendo de antemano los precios de los competidores.

Además, Saillen y Catrambone padres encabezan como presidente y vice la Asociación Mutual del gremio, Amsurrbac. En el desempeño de dicha función, ambos fueron imputados en mayo de 2016 por “usura habitual y administración fraudulenta reiterada en concurso real” en la concesión de préstamos y manejo de dinero en la mutual sindical. Los denunciantes, afiliados al sindicato, indicaron que se les practicaban descuentos arbitrarios que destinaron a una actividad lucrativa en su beneficio, aplicando además intereses usurarios de más del 12% mensual.

Pero las dos investigaciones fueron a parar a manos del ex fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien se libró de ser destituido gracias al voto de la presidente del Superior Tribunal en el Jurado de Enjuiciamiento. Poco después fue escandalosamente ascendido a juez de control con el voto en contra de los legisladores de Cambiemos, a excepción de los que responden a Mestre, que votaron a favor. Recientemente Hidalgo fue denunciado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por su actuación en las causas Kolector, Lava Jato en Córdoba y Camino al Cuadrado, en las que estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno provincial. Con los antecedentes de este fiscal tan funcional al poder de turno, no puede sorprender que las dos denuncias contra Saillén y Catrambone duerman el sueño de los justos hasta su olvido.

Las vinculaciones de Mestre con el Surrbac se demuestran también por el hecho de habernos obligado a los cordobeses a pagarles indemnización a los empleados de Cliba que pasaron a Crese en 2008, y de nuevo el año pasado a los de Lusa y Cotreco que pasaron al Esop, en ambos casos con la fuente de trabajo garantizada. No es necesario recordar a los cordobeses que el servicio sigue siendo cada vez más ineficiente y han vuelto a aparecer basurales a cielo abierto en toda la ciudad, cuyo número se estima en más de doscientos. Bien le cabe entonces al señor intendente el reproche de sor Juana Inés de la Cruz:

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y nota que no está claro?

El presidente Macri se ha mantenido prudentemente al margen del conflicto, seguramente porque sabe que los cordobeses somos quisquillosos y no nos gusta que desde Buenos Aires se metan en nuestros asuntos, pero también porque Mestre se ha convertido para él en una carga pesada. Si bien es radical y aliado suyo en la provincia que le hizo ganar la elección, el descrédito que se ha granjeado en la ciudad por su desastrosa gestión como intendente es más que evidente. En 2015 fue reelegido con apenas el 32% de los votos, cuando Macri sacó en la ciudad el 75% y en la actualidad el nivel de rechazo es muy alto.

Además, hoy complica la interna de Cambiemos al querer imponer como primer candidato a diputado a nacional a su hermano Diego Mestre, al que lanzó a la política nombrándolo en 2011 como director general del Área Central, una repartición creada por él para sacar a los vendedores ambulantes de la zona céntrica, cuyo nulo resultado se puede apreciar caminando por el centro. El apellido Mestre a la cabeza de la lista de Cambiemos sería garantía de derrota en la Capital.

El conflicto de los choferes parece haberse solucionado por el momento, aunque hay fundados temores de que se termine por acordar con los responsables la reincorporación de los despedidos y el pago de los días no trabajados, lo que sería una verdadera estafa a los sufridos contribuyentes, que veremos en definitiva salir de nuestros propios bolsillos los fondos destinados a ello. A lo que se añadiría el perverso mensaje de que los gremios pueden hacer con Córdoba y sus habitantes lo que se les antoje, sin pagar nada por ello, lo que constituye una verdadera invitación a continuar con sus comportamientos mafiosos.

Schiaretti, Llaryora y Mestre nos deben a los cordobeses una disculpa, porque no han honrado el juramento que hicieron al asumir sus cargos, de observar y hacer observar las leyes y la Constitución. Si Dios y la patria no se lo demandan, debemos hacerlo nosotros, por no haber sido capaces de garantizar la vigencia del estado de derecho y de preservar nuestras garantías constitucionales, sus primeros deberes.

7Jun/173

¿Sirve la actual política económica para domar la herencia K?

Por Roberto Cachanosky

Desde el kirchnerismo se critica al PRO porque dicen que Macri mintió en la campaña. Es decir, prometió cosas que no hizo. Esta es una acusación absolutamente falsa porque, justamente, Macri nunca anunció una reforma del Estado, ni eliminar los planes sociales, ni reducir la cantidad de empleados públicos, ni volver a un sistema de capitalización privado de jubilaciones y cosas por el estilo. Solo dijo algo sobre las tarifas de los servicios públicos que ya el kirchnerismo había iniciado quitando algunos subsidios y luego apeló al voluntarismo de atraer inversiones, un cuento que alguien le hizo para no encarar los problemas de fondo suponiendo que el solo paso del tiempo los iba a resolver. Es más, el PRO, salvo unos pocos ñoquis, no echó a nadie del sector público, la estructura de la administración pública nacional aumentó un 25% y se enorgullece de tener más planes sociales que el kirchnerismo.

El kirchnerismo dejó una herencia terrorífica, a saber:

  • Tipo de cambio atrasado
  • Gasto público récord e ineficiente
  • Presión impositiva récord
  • A pesar de 3), déficit fiscal entre los más altos de la historia económica argentina
  • Destrucción del sistema energético
  • Destrucción de 12 millones de cabezas de ganado
  • Destrucción de las economías regionales
  • Empleo público récord
  • El gobierno kirchnerista dejó un 29% de pobres y 6,4% de indigentes
  • El stock de LEBACS, NOBACs y pases netos empezó con $ 10.000 millones en 2004 y terminó en 2015 con 300.000 millones. Multiplicaron por 30 la deuda del BCRA
  • Vaciaron el BCRA a punto tal que tuvieron que poner un cepo cambiario
  • Prohibieron la exportación de trigo y maíz induciendo el monocultivo
  • En vez de generar trabajo crearon generaciones de planeros que viven de subsidios y no saben lo que es trabajar
  • El atraso de las tarifas de los servicios públicos fue infinitamente mayor al que generó Gerlbard en 1973 que derivó en el rodrigazo de 1975
  • Nos robaron los ahorros que teníamos en las AFJP para financiar populismo
  • Los trenes chocaban dejando muertos
  • Llevaron al extremo la cultura de la dádiva
  • Es el gobierno más sospechado de corrupción de la historia argentina

Y el listado puede seguir. Ahora bien, frente a esta dramática herencia dejada por el kirchnerismo, el PRO tuvo un diagnóstico equivocado de la herencia que recibía del kirchnerismo subestimándola o cometieron un serio error en creer que los problemas se iban a solucionar solos con el solo requisito que Macri se sentara en el sillón de Rivadavia. Pensaron que la sola presencia de Macri y quitando el cepo iban a llover inversiones que harían crecer tanto la actividad que la recaudación aumentaría de tal manera que el déficit fiscal se solucionaba solo. Puesto de otra manera, asumiendo que tenían un relevamiento acertado de la herencia que dejaba Cristina Fernández, la forma de enfrentar esa herencia no fue ni es la adecuada. Para eso se requería cirugía mayor en materia impositiva, del gasto público y reforma laboral como mínimo. Además, la suba de la tasa de interés abortó el acomodamiento del tipo de cambio de mercado y complicó la salida por el lado de las exportaciones.

De las tres opciones que tenía el PRO para poner en marcha la economía: 1) consumo, 2) inversión y 3) exportaciones, la última era la más rápida para salir de la larga recesión de 5 años que dejaba el kirchnerismo y las que iban a permitir enfrentar reformas estructurales con menor impacto sobre la población. El consumo, llevado artificialmente hasta niveles insostenibles por Cristina Fernández iba a caer inevitablemente y la inversión iba a llevar su tiempo.

Desde el comienzo alguien le vendió a Macri que era políticamente imposible hacer reformas estructurales por el costo social que ellas implicaban sin evaluar el costo social de no hacer las reformas estructurales. Si el presidente hubiese tenido asesores más preparados hubiera advertido que el costo social de no hacer las reformas era más alto que hacerlas.

Por otro lado, se pueden hacer todos los argumentos políticos que se quiera para decir que no se pueden hacer reformas estructurales, pero la economía ignora todos esos argumentos. Si hay escases no es con pensamiento optimista que se soluciona el problema como pretende el filósofo estrella del gobierno o haciendo encuestas para ver qué opina la gente. Un estadista lidera el cambio, no sigue los caprichos que surgen de las encuestas.

¿Qué hacer ahora? En mi opinión terminar con esto de 6 ministerios en el área económica y poner un solo ministro que tenga una visión general del problema económico y cómo encararlo. El presidente no va a quedar opacado porque un ministro de Economía sea exitoso. En segundo lugar, ese ministro tiene que explicar claramente la herencia recibida y por qué hay que bajar el gasto público con planes de retiro voluntario en empleados públicos y un plan (hay varios trabajos al respecto) para ir reduciendo los llamados planes sociales. En vez de endeudarse para financiar el déficit fiscal, endeudarse para financiar la reforma del Estado. En vez de hacer obras públicas con deuda, convocar al sector privado para hacer esas obras. Primero se hace la inversión y luego empiezan a cobrar con peajes o las tarifas correspondientes.

Cambiar la legislación vigente y permitir que se hagan transacciones en cualquier moneda. El peso debe dejar de tener curso forzoso porque se necesita urgente una moneda para poder hacer operaciones de largo plazo.

Plantear una reforma laboral que estimule la contratación de personal para poder reducir la pobreza.

Convocar a la oposición a acompañar esta política para enfrentar la herencia recibida. Si una vez bien explicada la herencia, la oposición se niega a acompañar las medidas necesarias para frenar el sufrimiento de la gente, entonces quedará en evidencia que los responsables son los partidos opositores. Y de compromiso la oposición propone medidas absurdas se las denuncia. Pero para eso tienen que nombrar a un ministro de Economía que sepa comunicar. Que sea casi un docente.

En síntesis, los problemas no se van a solucionar solos con el solo paso del tiempo o endeudándose indefinidamente porque no hay posibilidad de endeudarse eternamente por más liquidez que haya en el mercado internacional. Tampoco van a llover las inversiones porque Macri sea presidente. Van a venir cuando no las maten con impuestos, haya infraestructura, estabilidad de precios y Argentina deje de ser tan cara en dólares por el retraso artificial del tipo de cambio real vía la tasa de interés.

Los problemas hay que enfrentarlos. No esperar a que se solucionen solos. Eso es lo que tiene que entender Macri. Y también tiene que entender es que si el plan económico es no tener un plan económico, es porque no entienden cómo funciona la economía y todas las variables están interrelacionadas, incluso con el flanco institucional.

Un punto antes del párrafo final. También hay que dejar de gobernar mirando qué dicen las encuestas. Acá no se trata de vender un detergente, se trata de adoptar medidas que requieren de estadistas que sepan liderar el cambio.

En definitiva, hace falta más ciencia y experiencia y menos humo vendiendo un falso optimismo y entusiasmo.

Fuente: Libertad y progreso

1Jun/174

Palabra de Bergoglio

Por Carmen de Carlos

Entre la indignación y el agotamiento. En ese lugar tan triste me coloca la última –una más– decisión del Papa con Argentina, su país. Francisco volvió a enviar una carta de solidaridad y ánimo a Milagro Sala, cacique presa desde hace año y medio por, entre otros delitos: intento de asesinato, asociación ilícita, incitación a la violencia, robo en banda, explotación de personas, vínculos con el narcotráfico y malversación de fondos públicos.

En la misma, su Santidad le asegura, “ comparto su dolor y sufrimiento” (sic) y le expresa sus “deseos de que todo se resuelva bien y pronto” (sic).

El mensaje, desde el Vaticano, a una persona que está probado que torturó, robó, saqueó, humilló y se aprovechó de los pobres, como lo fue ella antes de convertirse en el brazo armado del kirchnerismo en Jujuy (llegó a prender fuego a la Gobernación) , resulta decepcionante para la sociedad y frustrante para una Justicia que –ya era hora– intenta hacer su trabajo.

El Papa, que tan bien parece entender el planeta, tiene un problema con su país y Sudamérica. Los movimientos de Jorge Mario Bergoglio, desde que Mauricio Macri está en la Casa Rosada, dan la impresión de estar destinados a sembrar la discordia y no la concordia en su pueblo.

Buena parte de los compatriotas que le visitan en Roma –o los que lo hacen público– forman parte de esa red de corrupción y delincuencia, incluida Hebe de Bonafini, que se extendió por más de diez años en Argentina. Otros, como el ex embajador Eduardo Valdez o el legislador porteño Gustavo Vera, responden al odio visceral al actual gobierno.

Estos no dudan en ejercer de correa de transmisión del pensamiento crítico de Francisco contra un señor al que votó más de la mitad de Argentina y que con sus aciertos y defectos intenta sacar adelanta un país polarizado y hecho trizas.

El tiempo, en algún momento, permitirá que Jorge Mario Bergoglio vuelva a abrir los ojos en su tierra, como lo hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires. Mirar para otro lado, por razones ideológicas u otras, suele tener consecuencias, como vemos en Venezuela, dolorosas y sangrientas.

Puede que el Santo Padre, que vive en Roma, no se dé cuenta de que, como reza la canción, le están matando a su paloma. Ojalá que sus “deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, como le escribió a Milagro Sala, se traduzcan en justicia verdadera y no impunidad para la mujer que sembró el terror en esa provincia norteña donde pronunciar su nombre, aún hoy, hace temblar a los honestos.

Fuente: Diario ABC de Madrid (sábado 27 mayo de 2017)

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4May/175

Un fallo valiente

Por Ricardo Lafferriere

La “escena” política parece haberse sorprendido con la sanción del fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación del cómputo doble a la detención sufrida en carácter de prisión preventiva, luego de haber transcurrido dos años en tal condición y sin haber recaído sentencia en una causa penal, a personas encausadas por delitos conocidos como de “lesa humanidad”.

La sanción de la Corte implica una gran valentía y un paso decisivo en la recuperación del estado de derecho.

Varios principios jurídicos de raíz constitucional y aún supraconstitucional juegan en esta decisión, que aunque tardía, viene a encarrilar situaciones de altísima injusticia que la democracia argentina no había logrado hasta ahora resolver adecuadamente. La igualdad ante la ley, la irretroactividad de las leyes, el principio de inocencia, la prohibición del abuso de la figura de la “prisión preventiva” y el principio de aplicación de la “ley más benigna” favorable al acusado.

Muchos de ellos estaban siendo violados, montados en una especie de condena extrajudicial previa, instaurada en el momento en que se comenzó a utilizar la figura de los derechos humanos para esconder tras ellos un proyecto de vaciamiento del país y apropiación delictiva de recursos públicos como no se tiene memoria en la historia argentina.

Quien esto escribe sufrió en su momento la represión del proceso. Fue detenido-desaparecido, y luego “legalizado” con la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Conoció desde adentro la fabricación de procesos amañados por la justicia militar, y –como muchos- añora la amistad de asesinados en la flor de su vida, con quienes había compartido militancia. Esto quiere decir que peleó cuando era el momento de hacerlo, reclamando la recuperación del estado de derecho, la vigencia de la soberanía popular y por la derrota de la dictadura.

Esto fue hace cuatro décadas. El país atravesaba un baño de sangre, desatado por la insurgencia a la que el poder constitucional de entonces resolvió combatir “hasta el exterminio”, dando las órdenes pertinentes a los jefes militares y policiales.

Eso sufrimos, y con una persistente militancia por la vida, la paz y la democracia, resistimos el fuego cruzado de la insurgencia y la contrainsurgencia, en tiempos de la guerra fría y la polarización violenta, pero logramos abrir una brecha de racionalidad para reducir el espacio del terror y comenzar, con el liderazgo de Alfonsín, la construcción de la democracia argentina moderna.

La bandera era la Constitución. El rezo laico era el preámbulo. Su concreción sería el estado de derecho rigiendo de una vez en la Argentina. Nunca más la arbitrariedad, la muerte, el autoritarismo, la persecución.

No debiera ser necesario mostrar pergaminos ni recordar la historia para hablar de estas cosas, pero la tramposa recreación del clima de esa época por el matrimonio cleptómano contagió la mente de muchos compatriotas que no recuerdan o no los vivieron. Años en los que –tal vez no esté de más evocarlo- mientras algunos sufríamos cárcel, estaban exilados, eran asesinados o desaparecidos, los grandes impostores de la década pasada hacían su fortuna ejecutando jubilados con créditos impagables invocando la “circular 1.050”, dictada por Martínez de Hoz.

Esa historia falseada provocó consecuencias y convirtió al “estado de derecho” también en una impostación. La propia ex presidenta lo reconoció al sostener que “un fallo así no hubiera sido dictado durante el gobierno anterior” (el suyo). Difícilmente sea imaginable una confesión más cínica sobre lo que fue la justicia “durante su gobierno”.

El país ha iniciado una nueva etapa de su historia, y va saldando sus deudas con el pasado. Era hora. Desde esta página lo veníamos reclamando hace varios años. No era justicia mantener a centenares de personas en el eterno limbo de la “prisión preventiva”, sin juicio condenatorio y sin presunción de inocencia, nada más que por la denuncia de dirigentes a sueldo que han bastardeado una historia épica y la han sumergido en un despreciable presente.

No es justo ni siquiera lo que se hizo con el propio Videla –que alguna vez firmó como presidente de facto mi detención “a disposición del PEN”, en 1976-. Dejar morir a un anciano inválido con más de ochenta años y enfermedades degenerativas en una prisión de aislamiento, sin atención médica, solo en medio de la noche, lo hubiera hecho tal vez él mismo. No podía hacerlo la democracia argentina, porque estaría cayendo en la misma inhumanidad que había demostrado el preso y por la que se lo penó.

Pero lo hizo.

Debe haber justicia. Debe actuar libremente. Deben castigarse los delitos. La impunidad es una de las principales causas del deterioro de la convivencia. Presos, los que deban que estar, luego de juicios limpios e imparciales, con acusación y defensa libres. La democracia argentina ha mostrado que puede hacerlo, abriendo juicios ejemplares como lo fue el de las Juntas Militares. Pero… con la ley en la mano. Con sus principios rigiendo sin interpretaciones caprichosas impulsadas por el “clamor popular”, inmedible en cuanto no se traduzca en leyes por los procedimientos constitucionales.

Había y hay que terminar con eso, sin perdón –si  no se pide por los que deben hacerlo y no se da por quienes podrían otorgarlo-, pero con el remedio que la civilización ha elaborado durante años de historia para terminar con la barbarie: la vigencia plena del estado de derecho. En este caso, significa acusación, principio de inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad, debido proceso, aplicación plena de la ley penal en forma igualitaria, jueces naturales imparciales “designados por la ley antes del hecho de la causa”, y cárceles “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Esto dice la Constitución a la que debemos respeto. Eso es el estado de derecho por el que luchamos y sobre el que podremos edificar nuestro futuro.

Por eso sostengo que este fallo es valiente. Se levantó contra el presunto juicio ético de una opinión pública prefabricada. Decidió que en la Argentina la ley se aplica a todos. No se atemorizó ante la segura reacción impostada de aquellos que hacen silencio cómplice con la represión sanguinaria de los parapoliciales de Maduro que prenden fuego a estudiantes que protestan y aplastan con tanquetas a ciudadanos que reclaman, pero se rasgan las vestiduras al ver que su gran impostura de la época pasada es superada por la historia.

Entristece un poco, sí, ver la confusión de algunos que –en todo su derecho, por supuesto- “condenan” el fallo. Tal vez sea confusión entre justicia y venganza, tal vez teman ser confundidos porque haya sido también confuso su papel cuando había que luchar en serio por los derechos humanos y miraban para otro lado. Tal vez estén realmente confundidos. O tal vez, simplemente, les falte la valentía democrática y republicana que mostró la Corte en este fallo. Dejo para lo último la menos agradable de las alternativas: que realmente crean que la democracia argentina debe actuar como lo ha hecho en esta última década. Con ellos me separa un abismo conceptual y de valores. El que separa el estado de derecho del autoritarismo, imposible de disimular con vestimentas ideológicas.

De todas maneras, lo que importa es que el estado de derecho se encamina a reglar nuevamente en plenitud la convivencia argentina, y eso es saludable.

Fuente: blog del autor

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1May/171

El ítem aula como antídoto a los paros docentes


Por Edgardo Zablotsky

Con el de paro docente del 11 de abril, en la provincia de Buenos Aires ya son 17, sobre 26 hábiles, los días sin clase. En otras provincias la foto es aún peor: Santa Cruz presenta 21 días sin clases y Neuquén, 22. ¿Será posible recuperar lo perdido? Es claro que no. El ciclo lectivo en realidad aún no ha comenzado. ¿Quién puede imaginarse que concurrir al colegio un día sí y otro no, en medio del clima que se vive, puede considerarse adecuado para ir a clases? ¿Qué niño puede aprender algo? Por supuesto, los de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades no es más que una utopía.

Es necesario enfrentar la realidad, la crisis de la educación argentina es de extrema gravedad y requiere cirugía mayor. Pero ello no es posible si primero no estabilizamos los signos vitales del paciente. Si bien la evidencia de muchos años nos muestra con contundencia que el hecho de que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia, si ni siquiera tienen clases no hay posibilidad alguna de ello.

A los líderes de los sindicatos docentes no les interesa el bienestar de los alumnos, eso está claro. De lo contrario, utilizarían otras medidas para hacer escuchar sus reclamos, válidos o no, que el privar de clases indiscriminadamente a niños que se han convertido en sus rehenes. Ya se ha vuelto un hecho tan recurrente que no hace falta consultar el calendario. El otoño es anticipado por paros docentes, un rito que llega a casos extremos como el que estamos viviendo o a aquellos recordados 18 días de paro frente al inicio de clases en la provincia de Buenos Aires en 2014.

¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los chicos puedan tener clases? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro como su forma habitual de presionar, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Es claro que encontrar una respuesta a este desafío antecede a cualquier discusión de fondo en el terreno educativo.

Por suerte no es necesario apelar a nuevas ideas. Es mucho más sencillo replicar aquellas que funcionan que inventar nuevamente la rueda. En Mendoza, el denominado “ítem aula” se convirtió en un antídoto efectivo frente a los paros docentes a nivel nacional que castigan en varias provincias el comienzo del presente año lectivo.

¿En qué consiste? La medida fue instrumentada por el gobernador Alfredo Cornejo a principios de 2016, cuando otorgó, por decreto luego convertido en ley en una reñida votación de la legislatura provincial, un 32% de incremento a los docentes, a efectivizarse en varios tramos. Parte de dicho aumento consistía en un adicional salarial remunerativo y no bonificable que sería percibido solamente por quienes no faltasen a clases más de tres veces al mes, o diez veces al año, y que representaba el 10% del salario.

A partir de entonces, a pesar de las protestas y las acciones legales que generó (algunas de las cuales aún están en curso), el ítem aula quedó incorporado al sueldo, reduciéndose considerablemente el ausentismo y transformándose en un eficiente antídoto contra la adhesión de los docentes mendocinos a los paros decretados por los gremios con representación nacional.

Es claro que frente a la realidad educativa de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde el ausentismo docente trepa al 17% y cumplir en clima de paro con los 180 días de clase resulta una meta inalcanzable, un instrumento como el ítem aula sería ideal para lograr que al menos los chicos puedan asistir a las escuelas.

Parece poco, pero sin los niños sentados regularmente en sus pupitres no es posible siquiera comenzar a discutir las reformas de fondo que necesita la educación argentina. Estabilicemos los signos vitales del paciente, de lo contrario, no hay chance de que la operación mayor que requiere tenga alguna posibilidad de éxito.

La gobernadora María Eugenia Vidal planteó una propuesta imbuida de esta lógica durante las frustradas negociaciones con los sindicatos docentes. Es tiempo de dejar de negociar y enfrentar la realidad. No es posible que año a año festejemos cuando los paros terminan y finalmente las clases comienzan. No importan quienes son los coyunturales ganadores en el conflicto, importan quienes siempre son los perdedores: millones de nuestros niños, para los cuales la fantasía de la igualdad de oportunidades generada a partir de educación de calidad para todos se aleja cada día un poco más.

Fuente: Libertad y Progreso

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27Abr/171

¡ESTOY MUY CABREADA!

Por Pilar Rahola

Perdonen, pero debo preguntarlo: ¿alguien les paga? ¿Les dan petrodólares bajo mano, les prometen bellas huríes, viajes de ensueño, hoteles de mil estrellas? No sé, cualquiera de las maravillas estratosféricas que se compran con el rutilante oro negro y que, en lenguaje terrenal, llamaríamos corrupción. Por supuesto, es una pregunta al azar, uno de esos caprichos del pensar mal, que siempre tienden a la impertinencia. Al fin y al cabo, es preferible imaginar que se trata del vil dinero que de un ataque de locura o una epidemia de indignidad.

Ojalá que lo que ocurre en la ONU sea el fruto de una corrupción sistémica porque al menos tendríamos una explicación, sucia, perversa, delictiva, pero explicación, al fin y al cabo. Pero si no es eso, si no se trata de corrupción, o de tráfico de influencias, o de intereses espurios indecibles, ¿cómo se explican los despropósitos que acumula la venerable institución, antaño sueño democrático y hoy un agujero negro, donde se blanquean y legitiman las peores dictaduras? Y donde las decisiones que se toman superan los más extravagantes delirios del surrealismo. La última es de traca, y sería de carcajada si no fuera porque es un insulto a las víctimas de la brutalidad misógina: Arabia Saudí ha sido elegida –en sesión de voto secreto– como miembro de la comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el principal órgano mundial dedicado a la lucha por la igualdad. Y su elección se ha producido un mes después de que creara su primer “consejo de mujeres”..., exclusivamente con representantes masculinos. Es decir, se ríe de las mujeres en plena cara del mundo y la premian con formar parte del organismo que tiene que velar por ellas. Lo mejor ha sido el panfleto de presentación de su candidatura donde se aseguraba que la charia –que obliga a las saudíes a la segregación social, a la tutela masculina de por vida e incluso a la lapidación si hay delitos de “honor”– es la garantía de la igualdad de género. No es extraño que Hillel Neuer, el director de United Nation Watch, haya asegurado que han ele­gido “a un pirómano como jefe de bomberos”.

Esta aberración llega después de otra anterior: cuando la misma ONU eligió a Arabia Saudí como miembro de la comisión de derechos humanos, en las mismas fechas en las que el reino ejecutaba a un opositor político. Si sumamos la decisión de la Unesco de negar toda relación del pueblo judío con el Monte del Templo de Jerusalén, y las decenas de resoluciones arbitrarias contra Israel, tenemos el circo completo.

Pero ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Cómo tienen la vergüenza de legitimar la represión de tiranías brutales? ¿Cómo tienen la indignidad de reírse así de las mujeres y de las víctimas? Esto apesta, huele a mierda. Y lo que es peor, convierte a las Naciones Unidas en cómplices de los horrores que sufren las mu­jeres saudíes.

Lo dicho: huele a mierda.

Fuente: La Vanguardia de Barcelona

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24Abr/171

Los unos y los otros

Por Edgardo Moreno

Andaba por esos suburbios, vacilante. Sin animarse del todo a disparar el adjetivo. Merodeaba jugueteando con la piedra entre los dedos, pero no se atrevía a lanzarla, por temor a los vientos cambiantes.

Al final, jugó su carta: Horacio González, quien alguna vez fatigó la misma biblioteca de Jorge Luis Borges y Paul Groussac, buscó en los resabios de su pólvora rancia, cargó el más barroco de sus trabucos y opinó: estamos viviendo el momento del neofascismo.

Se había cuidado durante años de usar el exabrupto. No lo admitió ni siquiera cuando confesó su culpa por la designación de César Milani al frente del Ejército. Una culpa que luego fue licuando hasta abandonarla como un brebaje aguachento.Milani –justificó cuando ya había pasado el momento de golpearse el pecho– fue una de esas cosas que se le escapan a los gobiernos en estado de revolucionario alboroto. Un pecado menor que se coló en la Casa Rosada mientras sus patios distraídos albergaban una estudiantina feliz que cada noche y por cadena nacional convocaba a la edificante tarea de degollar gorilas.

Ahora González dice que marchamos hacia una novedosa concepción de la ley: “Es la ley encarnada por el Carro Blindado Antipiquete con Cañón Hidrante. Este artefacto no se halla dentro de la Constitución, sino al revés. La Constitución es su estropajo, su harapo para el guardabarros”.

¿Hablaba de la provincia de Santa Cruz?

No. En su noche triste, Cristina Fernández y Alicia Kirchner no usaron agua para dispersar protestas. La cabeza sangrante de un reportero gráfico lo explica mejor. La policía de Santa Cruz usó balas de goma.

González dice que el neofascismo imperante sólo concibe violencia protocolizada que hostiga cuerpos. Por encima de la ley común, relata, hay protocolos como el referido a los piquetes. Un principio rector que actúa al margen de los andamiajes 
normativos de una trama heredada, “imperfecta pero ligada a la idea de hombres sociales libres”.

¿Se refería acaso a Venezuela, con el jefe militar del régimen, 
Diosdado Cabello, mostrando en televisión las tarjetas de persecución, con foto, nombre, señas particulares y domicilio de los opositores, la antipatria a la que la Guardia Nacional Bolivariana y los comandos paramilitares irían luego a buscar como perros de presa? ¿Será ese el neofascismo del que habla González? Tampoco.

Cuando el numen de Carta Abierta se lanzó al agua de las definiciones, creyendo encontrar en Mauricio Macri la encrucijada tenebrosa donde se cruzan los horrores de Adolf Hitler y de Jorge Videla, un huracán caribeño y un frío temporal del sur llegaron sin previo aviso.

Venezuela y Santa Cruz. ¿Empezamos a hablar de neofascismos?

Hay, sin embargo, una vertiente más sibilina de la misma idea. Aquella que pone en pie de igualdad a los ciudadanos venezolanos con los paramilitares que los persiguen. A los ciudadanos santacruceños que han padecido el saqueo de su provincia, con los saqueadores que devastaron ese pozo petrolero del país.

Es una lectura confortable. La grieta lo explica todo. Siempre habrá lugar para ubicar a los unos y los otros.

Para esa mirada, Santa Cruz no es el estallido de una crisis más que anunciada. Es el territorio de batalla de macristas ambiciosos y kirchneristas resilientes. Y la sangrienta crisis de Venezuela no es el destino lógico del autoritarismo que compró como modelo el progresismo más venal y mercenario del que tenga memoria América latina. No, dicen. Son los unos y los otros. Es la grieta expuesta como si fuese cubismo bolivariano.

Son los extremos útiles que ajustarán latitudes en el GPS de la progresía para que pueda apoltronarse en el mullido sofá del medio. Pero esa lectura de apariencia equidistante choca con la realidad de las víctimas.

Frente a pifias como las de González e hipocresías que todo lo explican por la santa grieta, el gobierno de Macri camina en un desfiladero. No debe ceder a ninguna violencia. En especial la que pueda afectar a sus opositores. 
No debe entrar en la provocación.

Para entender la trama, nada más gráfico que Cristina acumulando sillones frente a su puerta. No porque fuesen a ingresar los vándalos para agredirla en su casa (la gobernadora ya había ordenado que intervenga la policía y a la expresidenta la iban a sacar en helicóptero), sino porque un oficial de Justicia, en cualquier momento, la puede sobresaltar tocando el timbre.

Fuente: La Voz del Interior

19Abr/172

Huelgas, piquetes e impunidad, la ruta hacia el fascismo

Por Raúl Faure.

Escuelas y hospitales que no imparten enseñanza ni asisten a enfermos. Constante supresión de servicios esenciales. Usurpación de espacios públicos. Amenazas y agresiones de patotas contra los empleados que quieren ir a trabajar para honrar sus funciones.

La intimidación, las extorsiones y hasta el sabotaje son los medios que utilizan elementos antisociales para someter a la población a los rigores de un verdadero estado de sitio. Una peste azota al país.

Son procedimientos que el Código Penal tipifica como delitos. Ejemplos del ejercicio abusivo de ciertos derechos, grave lesión al orden jurídico y moral ya contemplado en la anterior redacción del Código Civil (artículo 1.071) y que fue reiterado en el actual artículo 10: “... la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos...”.

Las constituciones tanto Nacional como local garantizan libertades básicas. Y califican como actos sediciosos los que cometen quienes participen de “fuerzas o reuniones de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen en su nombre”.

Y todas las convenciones internacionales suscriptas por nuestro país y que, por ello, revisten jerarquía constitucional, declaran que toda persona tiene derecho a circular libremente, que las reuniones sindicales deben ser pacíficas y que las sociedades democráticas deben observar leyes destinadas a sostener el orden público y las libertades de todos sus ciudadanos.

De modo que sobran disposiciones legales para preservar los derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué la voluntad de un grupo de individuos se impone sobre el resto de la población? ¿Por qué se suprimen servicios esenciales? ¿Por qué se recurre a la violencia para coartar la libertad?

No se trata de privar a nadie del derecho a peticionar. Pero no reviste carácter de derecho absoluto, como no lo tiene ninguno de los derechos constitucionales. Esto significa que la huelga no puede afectar, disminuir ni menos suprimir derechos de terceros.

Asambleas, retención de servicios y paros que impiden prestaciones mínimas para el público son infracciones que atentan contra el orden jurídico.

Los sindicatos declaran que pertenecen al peronismo, que constituyen la “columna vertebral” del Partido Justicialista. Pues bien, ¿por qué entonces no honran la memoria de Juan Domingo Perón, quien estableció que los participantes en paros que afectan servicios públicos cometen un delito? ¿Por qué recurren a la huelga cuando Perón la calificaba de patología que afecta la paz y el orden?

Estas inconductas, infracciones y delitos podrían ser sancionados si el Estado cumpliera con sus obligaciones. La Constitución le confiere al Ministerio Público la función de “preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas”.

¿Qué es este Ministerio Público que no integra el Poder Judicial y cuyos funcionarios –llamados fiscales– carecen de la independencia que tienen los jueces, desde que sólo pueden actuar observando las instrucciones que imparte su jefe, denominado fiscal General?

Según los convencionales, con excepción de dos, se trata de un “extra poder”. No integra el Poder Judicial ni el resto de los poderes constitucionales. Es un planeta que orbita en los arrabales del universo, sin que nadie conozca su rumbo, o sea “las políticas de persecución penal” que debe fijar, según dispone el artículo 171.

La administración pública trabaja cuando la habilita el sindicato, el transporte funciona cuando los delegados gremiales así lo deciden, las calles y demás espacios públicos pueden utilizarse cuando los piquetes levantan el bloqueo. No se explica la inactividad del Ministerio Público, a menos que haya motivos secretos que le impidan actuar.

En tanto, la sociedad, en algunos episodios, estalla de indignación; en otros, se resigna sometiéndose a la voluntad de los extorsionadores.

Robert Paxton es profesor emérito de la Universidad de Columbia. Publicó su investigación sobre los orígenes de los totalitarismos modernos bajo el título de Anatomía del fascismo .

En su interpretación, Benito Mussolini en 1922, en Italia, y Adolf Hitler en 1933, en Alemania, llegaron al poder luego de haberse cumplido un proceso durante el cual sus legiones (los camisas negras del fascismo y las camisas pardas del nazismo) cometieron toda serie de desmanes para intimidar a la población, doblegar a sus adversarios y demoler las instituciones democráticas.

A esos episodios, a la violencia que se practicaba a diario, les llamó “radicalización acumulativa”. En nuestro país, asistimos a una radicalización que, más temprano que tarde, hará estallar la paz social.

Ni las autoridades administrativas, ni la Justicia, ni el Ministerio Público ni el único partido democrático que aún sobrevive, la Unión Cívica Radical, parecen darse cuenta del peligro.

Fuente: La Voz del Interior

9Abr/171

Suecia: el fin de la mayor utopía progre del siglo XX

Por Manuel Llamas.
Hasta hace escasos años, el país nórdico recibía las pleitesías y más grandes alabanzas de la socialdemocracia europea como ejemplo de desarrollo económico y social. Sin embargo, para desdicha de la izquierda, el "modelo sueco" ha muerto. Suecia se ha embarcado en un intenso y creciente proceso de liberalización sin parangón en el Viejo Continente. La nueva deriva emprendida por la clase política de aquel país ha puesto punto y final al último gran mito de la economía planificada en Occidente.
La obra de Mauricio Rojas Reinventar el Estado de Bienestar, editada por Gota a Gota, desgrana los grandes cambios sociopolíticos que se han producido en Suecia. Desde mediados de los años 90, en ese país se aboga por la cesión al sector privado de un amplio abanico de servicios sociales que hasta hace poco manejaba exclusivamente el Estado, tales como la educación, la sanidad, la atención a la tercera edad, el sistema de pensiones o las prestaciones por desempleo y enfermedad, por citar sólo unos pocos.
Tras casi treinta años de férreo control público, Suecia sucumbió a una grave crisis económica, a principios de los 90. Entonces, la red estatal en la que tanto confiaban sus ciudadanos se vino abajo como un castillo de naipes, poniendo así al descubierto una de la mayores falacias políticas de la segunda mitad del siglo XX: el bienestar social.
Hasta 1950 Suecia había logrado un relevante desarrollo económico gracias a la escasa intervención pública y los bajos impuestos. Sin embargo, veinte años más tarde (1970) alcanzaba su cenit en cuanto a expansión estatal e impositiva se refiere, lastrando con ello los avances logrados hasta el momento. Rojas, economista y diputado del Partido Liberal, recuerda que entre 1950 y 1973 el crecimiento sueco fue el más lento de Europa Occidental, excepción hecha del británico.
Por entonces Suecia había emprendido la "vía socialdemócrata al socialismo". Rojas explica cómo los Gobiernos del país, en lugar de socializar los medios de producción, se incautaban de los recursos económicos de las empresas y los ciudadanos para, a través de unas onerosas cargas fiscales, "socializar los ingresos y, con ello, el consumo". Así, la presión tributaria se duplicó entre 1960 y 1989, pasando del 28 al 56% del PIB.
Con tal capacidad recaudatoria, no es de extrañar que el gasto público pasara del 31 al 60% del PIB entre 1960 y 1980. Había nacido el modelo sueco. El Estado monopolizaba un amplio sector de servicios de bienestar "totalmente politizado y herméticamente cerrado" tanto a las preferencias de los usuarios como a la competencia de las empresas privadas, que se consideraba desleal e ilegítima. El sistema, basado en una elevada confiscación de salarios y beneficios empresariales, aseguraba a todos los suecos un considerable nivel de ingresos y beneficios sociales mediante la función redistribuidora propia del poder político.
Eso decía la teoría. En la práctica, las cosas eran bien distintas. Entre 1960 y 1990 el empleo aumentó un 81% en EEUU; en Suecia, un raquítico 25% (menos de un 1% anual de media). El crecimiento del PIB se ralentizó, y los suecos perdieron poder adquisitivo frente a los estadounidenses.
Como ya hemos comentado, la libertad de elección y decisión de los suecos se vio severamente restringida por la coacción estatal. Así, Rojas detalla cómo el Estado intervenía en materias circunscritas al ámbito estrictamente privado, tales como la formación de la familia (Suecia aplicó durante décadas un amplio programa de esterilización selectiva de individuos) o la elección de vivienda (con políticas que combinaban las ayudas sociales con unas cargas tributarias elevadísimas).
Llegados a este punto, huelga decir que la educación básica, la sanidad o los servicios asistenciales eran también, en su inmensa mayoría, de titularidad pública. Y el ciudadano apenas podía, cuando podía, elegir.
El sueño keynesiano llegó a su fin en la primera mitad de los 90. Suecia entró en recesión: con el PIB estancado, el paró alcanzó el 13% en 1993, y la crisis fiscal que hubo de hacer frente el país fue de enorme magnitud. A la sustancial caída de los ingresos tributarios se sumó una cifra récord de gasto social, que llegó a representar el 72,4% del PIB. El elevado déficit y el endeudamiento público tuvieron por consecuencia el colapso del sistema de bienestar... y el consiguiente renacimiento del pensamiento liberal, firme detractor del paternalismo estatal imperante.
La reforma del modelo consistió, básicamente, en la sustitución del monopolio estatal de los servicios públicos mediante una creciente privatización de la gestión de los mismos. Suecia implantó los denominados vales de bienestar; es decir, se optó por transferir recursos a los ciudadanos para que éstos escogieran libremente entre una amplia oferta de servicios sociales privatizados. De este modo, por primera vez en décadas los padres podían elegir, sin costo extra, la escuela de su preferencia, ya fuera dentro del sector público o entre las denominadas escuelas independientes. Lo mismo ocurrió en materia de salud y atención médica, o en lo relacionado con el cuidado de los niños y los ancianos. A través de un sistema de licitaciones a cargo de los gobiernos provinciales y municipales (Suecia cuenta con un modelo político ampliamente descentralizado), las empresas pudieron ofertar servicios de bienestar en igualdad de condiciones y en directa competencia con el sector público.
En la actualidad, el país nórdico cuenta con cerca de 1.000 escuelas independientes, a las que asisten más de 135.000 alumnos. Mientras, casi el 35% del gasto público en salud se consume en la provisión privada de servicios médicos, aunque dicho porcentaje varía en función de las distintas regiones. Por lo que hace a los ancianos, disponen de vales o cheques públicos para cubrir diversas (cursos, terapias, entrenamiento físico específico, residencias, etcétera).
Asimismo, el Gobierno sueco apostó por la capitalización parcial del sistema público de pensiones, lo cual posibilitó, en gran parte, la reducción del abultado déficit del Estado. Además, en los últimos años se ha aplicado una sustancial rebaja de impuestos relacionados con el trabajo. Así, cada asalariado dispone hoy de 110 euros más al mes –de media– que hace apenas dos años, al tiempo que se ha reducido la carga tributaria en la contratación laboral.
Por último, cabe destacar la reforma del sistema de seguros de desempleo y enfermedad. Se han eliminado prestaciones y se han endurecido los requisitos exigibles para acceder a este tipo de servicios. Como consecuencia, quince años después del inicio de este ambicioso plan de reestructuración, Suecia se ha colocado nuevamente a la vanguardia del crecimiento económico entre los países más avanzados.
En términos generales, la carga tributaria que soportan los suecos se ha reducido de media un 15% desde 1990, al tiempo que el gasto y la deuda pública han caído un 20 y un 43%, respectivamente. Según Rojas, Suecia ha pasado del Estado de Bienestar clásico a un nuevo "Estado Posibilitador", en el que la gente cuenta con una mayor libertad de elección a la hora de consumir servicios sociales.
Así pues, el gran mito del movimiento progresista ha muerto. El intervencionismo público ha fracasado una vez más. Ahora bien, pese al desmentelamiento del monopolio estatal en múltiples sectores, Suecia sigue teniendo un Estado de gran tamaño. En esencia, la reforma sueca ha dado lugar a un nuevo modelo: el "capitalismo del bienestar", que dice Rojas. El objetivo es que las empresas, sin dejar de lado el aspecto comercial, "formen parte integral del sistema de prestación de servicios públicamente financiados", escribe este diputado liberal de origen chileno.
La regla general sigue siendo la financiación pública directa (vía asignación presupuestaria o pago público a la firma licitadora) o indirecta (a través de los denominados vales o cheques de bienestar) de los servicios básicos. De este modo, en Suecia la carga tributaria sigue siendo elevada, pues sigue siendo el erario público quien mantiene la red asistencial del país. Se trata de un sistema mixto, basado en la colaboración entre los sectores público y privado, que, si bien ha demostrado un mayor grado de eficiencia que el anterior, el del monopolio estatal, no parece pensado para dar el paso definitivo hacia la privatización total.
Suecia ha empezado a transitar la senda de la liberalización, pero aún le queda mucho camino por recorrer. La obra de Rojas arroja un rayo de luz y esperanza sobre las reformas emprendidas por la sociedad y la clase política de este paradigmático país nórdico. Al menos, para consuelo de aquellos que se hacen llamar liberales, el mito progre del "modelo sueco" se ha desvanecido entre las tinieblas del intervencionismo público más retrógrado y déspota que ha conocido Occidente tras la caída del Muro de Berlín.
Fuente: Libertad Digital